Quito (Pichincha), 16 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra Kevin S., Pedro S., Jorge R., Richard M., Elizabeth J., Azucena R. y Jessenia V., esta última funcionaria de la Fiscalía de Los Ríos, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, con fines de extorsión, tráfico de drogas y armas. Los procesados serían integrantes del grupo delictivo “Los Lobos”.

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En el marco de una investigación previa, Fiscalía –en coordinación con la Policía Nacional– ejecutó un operativo simultáneo en las provincias de Santa Elena y Los Ríos, el 12 de diciembre de 2025. Durante la intervención, se cumplieron las órdenes de detención contra los siete investigados, incluidos dos privados de libertad que ya se encontraban recluidos en la denominada “Cárcel del Encuentro”.

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Como resultado de varios allanamientos, las autoridades incautaron teléfonos celulares, armas de fuego, municiones, motocicletas y otros indicios relacionados con el delito investigado.

De acuerdo con la investigación, los procesados estarían involucrados en cuatro eventos delictivos, ocurridos entre junio y agosto de 2024. Se presume que la funcionaria de la Fiscalía habría brindado asesoría jurídica a los líderes de la organización criminal, con el objetivo de facilitar la evasión de acciones policiales y evitar su vinculación con hechos delictivos.

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Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó diversos elementos de convicción, entre ellos: informes investigativos, pericias informáticas forenses de audio y video, reportes de interceptación de comunicaciones (progresivos), así como informes de vigilancia y seguimiento.

Al finalizar la diligencia, el Juez que conoció la causa acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los siete procesados. El plazo de la instrucción fiscal será de noventa días.

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𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚

El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.