2 sentenciados por perjurio en un proceso de legalización de tierras
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 337-DC-2026
2 sentenciados por perjurio en un proceso de legalización de tierras
Chillanes (Bolívar), 19 de marzo de 2026.- Tras haber valorado las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar que conoció la causa declaró la culpabilidad de Irma Leonela C. V. y Yoris Pantaleón H. M., como autores directos del delito de perjurio. En consecuencia, les impuso una pena de tres años de privación de libertad, además de una multa equivalente a cuatro salarios básicos unificados.
En la audiencia de juicio, el Fiscal de la causa explicó que el hecho investigado se remonta al 12 de febrero de 2020, cuando los ahora sentenciados rindieron una declaración juramentada ante un notario del cantón Chillanes, en la que afirmaron encontrarse en posesión ininterrumpida, por más de diez años, de un predio ubicado en el sector Guacalgoto, parroquia matriz del mismo cantón.
Durante el proceso, Fiscalía acreditó que los procesados habrían residido en el sector apenas desde 2019. Este hecho fue corroborado mediante testimonios de moradores del lugar, así como con documentación presentada en el juicio.
Asimismo, una funcionaria del Consejo Nacional Electoral informó que uno de los sentenciados se encontraba empadronado en la provincia de Orellana, lo que contradecía su afirmación de permanencia prolongada en el predio.
Como elementos probatorios, Fiscalía incorporó la declaración juramentada rendida ante notario; la solicitud de legalización de tierras presentada ante el Ministerio de Agricultura; el informe de reconocimiento del lugar de los hechos; certificados de empadronamiento, y los testimonios de los procesados. Con ello, se acreditaron la materialidad de la infracción y su responsabilidad penal.
Información jurídica
El delito de perjurio está tipificado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quien, bajo juramento, afirme hechos falsos o niegue hechos verdaderos ante autoridad competente.